El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha renunciado al programa Recuperem Llars, destinado a la rehabilitación de viviendas para alquiler social. Esta difícil decisión, tomada por segundo año consecutivo, es consecuencia directa de la insuficiencia de los fondos proporcionados por la Generalitat, que son claramente insuficientes para cubrir los costes reales de estos proyectos esenciales para el municipio.
El Consistorio ha trabajado intensamente para mejorar el acceso a la vivienda en el municipio. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el convenio de Tanteo y Retracto, una medida impulsada por el Gobierno del Botànic de la Generalitat Valenciana (GVA), cuyo objetivo era adquirir viviendas para ponerlas a disposición de los demandantes, una acción que ofreció soluciones rápidas de acceso a la vivienda en Monforte del Cid.
Asimismo, durante la legislatura se lograron avances significativos en la rehabilitación de infraestructuras clave. Entre estos, destaca la licitación de la Conselleria de Vivienda para la rehabilitación y mejora energética de tres edificios en la calle Gastón Castelló, un proyecto financiado con fondos europeos por un importe de 2,3 millones de euros.
Sin embargo, otros proyectos fundamentales, como la rehabilitación de los edificios situados en la calle Giménez Díaz, nº 3, y en la calle Calvario, nº 84, han quedado paralizados.
En julio de 2021, el Ayuntamiento solicitó la subvención «Recuperem Llars» por un importe total de 843.312,18 euros para ambos edificios. La resolución, publicada en diciembre de 2021, asignó a Monforte del Cid 227.200 euros por cada bloque, distribuidos en cuatro anualidades.
Sin embargo, en febrero de 2022, se solicitó la desafectación de las viviendas, las cuales estaban afectadas por la Conselleria .El expediente de desafectación se inició el 9 de febrero de ese año y se prolongó hasta finales de 2022. En noviembre de ese año, se aprobó la subvención, pero en febrero de 2023 se recibió un proyecto con deficiencias que requería subsanaciones. El nuevo proyecto presentaba un coste de 1.275.374,019 euros.
Una vez resueltas estas deficiencias, en julio de 2023, el proyecto fue presentado a la junta de gobierno. Dado que el plazo de ejecución finalizaba a finales de 2023 y no quedaba tiempo suficiente, el Ayuntamiento decidió renunciar a la subvención por indicaciones de la Generalitat, con el objetivo de volver a solicitarla en la próxima convocatoria.
El 4 de diciembre de 2023 se abrió la nueva convocatoria. La falta de financiación autonómica se agravó aún más, ya que los fondos asignados apenas cubrían una pequeña fracción de lo necesario: 154.170 euros por edificio, sumando un total de 308.340 euros, frente a los 1.275.374,019 euros requeridos.
Ante esta insuficiencia, el 27 de febrero, el Ayuntamiento propuso a la Conselleria de Vivienda unificar los fondos para rehabilitar al menos uno de los edificios, comprobando previamente que las bases de la convocatoria lo permitían al no superar toda la financiación el 50 % de un solo edificio. Sin embargo, en octubre, siete meses después, recibieron una respuesta negativa.
Finalmente, el 28 de noviembre de este año se decidió rechazar definitivamente el proyecto. “Este año, los fondos asignados empeoran la situación, no alcanzan los mínimos necesarios para la rehabilitación”, declaró en una entrevista Maribel de las Nieves, concejala de Servicios Sociales.
La edil advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas extremas, como la demolición de los edificios por razones de seguridad, si no se encuentra una solución adecuada.
“El pueblo de Monforte del Cid no puede asumir una carga económica de esta magnitud”, subrayó De las Nieves y continuó: “La Generalitat debe comprometerse con soluciones reales que garanticen la rehabilitación de viviendas sociales y respondan a las necesidades urgentes de los municipios pequeños. Este Ayuntamiento no puede destinar casi 1 millón de euros de recursos propios a una actuación en la que la Conselleria apenas aporta 310.000 euros”.
El equipo de gobierno municipal reafirma su compromiso de explorar alternativas viables que prioricen el bienestar de los ciudadanos y aseguren el acceso a viviendas dignas, así como a trabajar de la mano de la Generalitat, a quien corresponden las competencias en materia de vivienda.
